“El cambio climático no es neutral”, dicta Marcia de Castro (2016) en Cambio climático, miradas de género. Si bien, las consecuencias de la acumulación de Gases de Efecto Invernadero (GEI) en la atmósfera afectan a toda la población, no impactan de la misma manera a todas las regiones, a las personas de distintos niveles socioeconómicos, y tampoco es imparcial con hombres y mujeres. 

De acuerdo con el el Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC) “Las personas que están marginadas social, económica, cultural, política, institucional o de otra manera son especialmente vulnerables al cambio climático”. (IPCC, 2014, como se citó en Aguilar, L., 2021, p.12). Las mujeres suelen estar expuestas a vulnerabilidades específicas propiciadas por la desigualdad de género social, económica, política y cultural, debido a que se enfrentan a dificultades persistentes como las barreras en el acceso a recursos productivos, la falta de capacitación, la inequitativa distribución del tiempo en actividades del hogar, entre muchas otras.

“Esta vulnerabilidad aumentada rara vez se debe a una sola causa. Más bien, es el producto de la intersección de procesos sociales que dan como resultado desigualdades en el estado socioeconómico y los ingresos, así como en la exposición. Dichos procesos sociales incluyen, por ejemplo, la discriminación basada en el género, la clase, el origen étnico, la edad y la (dis)capacidad” (IPCC, 2014, como se citó en Aguilar, L., 2021, p.12).

Las diferencias, si bien no se originan a partir de problemas climáticos, sí se exacerban con ellos: el cambio climático propicia una mayor persistencia de la desigualdad socioeconómica y de la pobreza en mujeres.

Entre los problemas más comunes que pueden extender las brechas con la influencia del cambio climático están la distribución del trabajo y el tiempo dedicado a actividades no remuneradas según el género, la desigualdad salarial y la inequidad en la toma de decisiones y el acceso a la propiedad.

Distribución equitativa del trabajo, igualdad de oportunidades y mujeres en la toma de decisiones

En México, las mujeres dedican semanalmente 19 horas más que los hombres a actividades no remuneradas (ENIGH, 2016), y solo 43% de las mujeres participa en el mercado laboral, en comparación con el 78% de los hombres (Bonaffé, 2017). Estas horas no remuneradas son dedicadas principalmente a las labores de cuidado de otras personas (hijos, padres, pareja, entre otros) y al mantenimiento del hogar.

El cambio climático impacta de manera directa sobre la disponibilidad de recursos necesarios para la vida humana, como el agua y la energía. Mientras menores sean las posibilidades de acceso a estos recursos, en un sistema donde la distribución del trabajo es desigual, las mujeres tienen que dedicar todavía más tiempo a tareas de subsistencia de la familia, lo que incrementa las brechas en cuanto a horas de trabajo y recepción de recursos económicos.

“Las mujeres, especialmente las mujeres rurales, indígenas y campesinas son las principales responsables de la alimentación familiar, así como de recolectar recursos básicos para la subsistencia de los hogares como son el agua y la leña. Estas responsabilidades, asignadas culturalmente, corresponden al trabajo no remunerado realizado por niñas y mujeres y la escasez de estos recursos esenciales pueden aumentar el tiempo que deben dedicarse a ello, resultando en la profundización de los nudos estructurales de la desigualdad”. (IPCC, 2014, como se citó en Aguilar, L., 2021, p. 13).

Además, la distribución inequitativa de las tareas domésticas, sumada a la inequidad salarial aún persistente, impide que las mujeres accedan a recursos socioeconómicos suficientes para adaptarse: “generalmente tienen menos capacidad de amortiguar incluso los riesgos climáticos más moderados y son las primeras en experimentar la erosión de activos, círculos de pobreza y límites a su capacidad adaptativa. El cambio climático es entonces, una carga adicional y puede empujarlas hacia la pobreza crónica al impactar directa y severamente el acceso a los medios de subsistencia”. (Olsson, 2014, como se citó en Aguilar, L., 2021, p. 13).

Por tales motivos, una cultura que no haga frente a la desigualdad en la distribución de las tareas de subsistencia doméstica verá una división sexual del trabajo más profunda frente al cambio climático.

Asimismo, es necesario establecer acciones para que las mujeres puedan tener las mismas oportunidades de formar parte de la toma de decisiones tanto dentro de sus localidades como en otros niveles estratégicos, y que tengan las mismas oportunidades que sus congéneres de acceder a la propiedad.

En la actualidad “las mujeres representan dos tercios de la fuerza laboral del sector agrícola y pueden representar entre el 45% y el 80% de toda la fuerza laboral de producción de alimentos, dependiendo de la región. No obstante, a nivel mundial, solo el 13.8% de las mujeres tienen control sobre el territorio, lo que las priva de la toma de decisiones para actividades productivas y gestión de la tierra” (López Portillo, V. y Nolasco A, 2021).

En México, solo el 7.4% de los ejidos y comunidades con órgano de representantes fue presidido por una mujer en 2019, y esto se debe a que únicamente los propietarios de las tierras pueden formar parte de la toma de decisiones. Hay muy pocas mujeres propietarias de la tierra gracias a que su derecho está condicionado tanto a las leyes como a los usos y costumbres de sus regiones, lo que ha limitado a las mujeres para reclamar la tierra como propiedad y obtener un título de ejidatarias.

Si las mujeres no son propietarias, no tienen derechos sobre la toma de decisiones sobre el acceso a la propiedad de la tierra, lo que impide sistemáticamente que ellas tengan los mismos derechos. Esto, a su vez, impide que las mujeres puedan generar propuestas de acción dentro de sus comunidades para la mejora de sus condiciones de vida.

A eso le sumamos que todavía se requiere un enorme esfuerzo para alcanzar la paridad de género e inclusión social en la representatividad en asuntos de decisión sobre cambio climático a nivel nacional y global. La conformación de las delegaciones enviadas a la COP26 mostró que todavía no existe paridad de género y que hace falta todavía un gran trabajo para lograr la inclusión de los grupos que se han visto más vulnerables frente al cambio climático. Mientras no exista una paridad en la representatividad de voces dentro de las discusiones sobre cambio climático, las necesidades de las mujeres y de otros grupos en condiciones de vulnerabilidad seguirán sin ser cubiertas. 

¿Cuáles son las recomendaciones para avanzar en materia de género y cambio climático?

La División de Asuntos de Género de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) preparó en 2021 La igualdad de género ante el cambio climático. ¿Qué pueden hacer los mecanismos para el adelanto de las mujeres de América Latina y el Caribe?, un documento de recomendaciones sobre género y cambio climático para América Latina y el Caribe.

En él se plantea el contexto sobre las propuestas y avances en materia de género, y se proponen algunas líneas de acción para que tanto los mecanismos internacionales como los gobiernos nacionales y subnacionales puedan orientarse.

Las recomendaciones abarcan el plano normativo, la información y estadística, el fortalecimiento y desarrollo de capacidades, la representación y participación paritaria, el financiamiento y la movilización de recursos, la implementación, y la rendición de cuentas.

Este documento está disponible para su consulta en el repositorio de la CEPAL, a través de este enlace.

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